En el cierre de la jornada de hoy, se llevó a cabo una reunión informativa en el Concejo Deliberante de Toay para abordar la situación de la ocupación ilegítima en el predio conocido como Chacra Raíz. En el encuentro estuvieron presentes la Presidenta del Concejo, Mariela Belén Zelarayán; el Intendente Municipal, Ariel Rojas; las y los Concejales Marcos Ladreche, Pedro Guzmán, Adriana Barona, Valeria Ruggieri, Mónica Azcarate, Daniel Bazán y Eduardo Gómez; el Secretario Facundo Ferrari; el Asesor Letrado del legislativo, Dr. Luciano Bassino; la Secretaria de Desarrollo Social y Humano, Andrea Artega, y las Letradas Dras. Daniela Vassia y Soledad Nieves, de la Dirección de Asuntos Jurídicos del municipio.

Durante la reunión, se discutió el estado del predio ocupado y las acciones que ha llevado adelante el municipio, particularmente en relación a la situación de vulnerabilidad de los niños que viven en dicho lugar. A lo largo de los años, la Secretaría de Desarrollo Social ha intervenido mediante la Unidad Local de Niñez y Adolescencia, elevando informes a los organismos competentes para su análisis y acción.

Posteriormente, a las 21:50, se dio inicio a una sesión especial donde se aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza que aborda la ocupación ilegítima de terrenos municipales, específicamente las tierras catastrales identificadas como Ejido 046 – Circ. I- Radio e – Mzas. 56 y 57. Esta ocupación ha generado un conflicto que se extiende desde mayo de 2018, cuando se inició un proceso civil de desalojo que, a pesar de los seis años de trámite, aún no ha obtenido una sentencia firme.

El concejo expresó su preocupación por la lentitud judicial, ya que a pesar de tratarse de un proceso abreviado, la sentencia de primera instancia fue dictada cuatro años después del inicio del trámite y actualmente se encuentra apelada. Desde febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones tiene el caso en espera de resolución, con plazos largamente vencidos.

En relación a la situación de vulnerabilidad en la que viven los ocupantes del predio, el municipio de Toay ha intervenido desde el primer momento, a través de su Unidad Local de Niñez y Adolescencia, realizando relevamientos y elaborando informes sobre las condiciones del lugar. Estos informes han sido elevados a los organismos competentes para su consideración.

El municipio subraya que la ocupación de estos terrenos afecta directamente a más de 500 familias que esperan acceder a una vivienda social. Las tierras ocupadas forman parte de un plan de viviendas destinado a cubrir las necesidades habitacionales de la comunidad de Toay. "Es el Estado quien debe decidir el destino de estas tierras, que son de dominio público, y no un grupo de personas que actúan de manera ilegítima", señalaron los ediles.

La ordenanza presentada manifiesta el rechazo del cuerpo legislativo a la ocupación de tierras y expresa el compromiso del municipio de utilizar todas las herramientas legales necesarias para recuperar los terrenos en beneficio de la comunidad. Asimismo, el Concejo repudia las condiciones de vida en el predio, que violan leyes provinciales y nacionales de protección de la niñez, y acompaña las acciones del Departamento Ejecutivo Municipal para abordar y solucionar esta problemática.

Con esta ordenanza, el Concejo Deliberante de Toay reafirma su voluntad de defender los derechos de los vecinos y vecinas que aguardan la oportunidad de ser propietarios de una vivienda social, en el marco de un Estado de derecho y representación democrática.